Observatorio Tributario

La Sentencia 443/2021 adjunta, reconoce el derecho al Letrado a poderse deducir en su Declaración del IRPF anual, las retenciones practicadas sobre sus ingresos en aquellas facturas emitidas a sus clientes empresarios/profesionales, con independencia de que el cliente haya ingresado a l´Aeat mediante el modelo 111 el importe de la retención. Con ello el Tribunal Supremo, rectifica la doctrina del TEAC la cual únicamente admitía el derecho del Letrado a computarse las retenciones no ingresadas por el cliente, si podía acreditar que dentro del plazo de presentación de la Declaración anual del IRPF - abril a junio-, el importe de la factura en cuestión había sido cobrado por el Profesional.

La Sentencia adjunta nº 485/2020, 19 mayo 2020, dictada en R. Casación(Rec nº 6312/2017), reconoce el derecho a tal reducción del 30%, siempre que de la actividad profesional singular de cada abogado se pueda interpretar que esta forma de percibir los ingresos no tiene carácter habitual ni regular. En todo caso, señala el Tribunal Supremo que corresponde a la Administración Tributaria y no al Letrado acreditar los motivos en base a los cuales pretenda negar el derecho a aplicar la reducción. La Sentencia fija el siguiente criterio interpretativo respecto a esta cuestión: 1. Los ingresos obtenidos por un abogado, en el ejercicio de su profesión, por su actuación de defensa procesal en litigios cuya duración se haya extendido más de dos años, cuando se perciban de una sola vez o en varias en el mismo ejercicio, se consideran generados en un periodo superior a dos años a los efectos de acogerse a la reducción de los rendimientos netos prevista al efecto en el artículo 32.1, párrafo primero, de la LIRPF. 2. A efectos de la excepción contenida en el párrafo tercero del mencionado precepto, la regularidad o habitualidad de los ingresos cuya concurrencia descarta aquella reducción ha de referirse al profesional de cuya situación fiscal se trate y a los ingresos obtenidos individualmente en su impuesto personal, no a la actividad de la abogacía o a características propias de ésta, global o abstractamente considerada. 3. La carga de la prueba de que concurre el presupuesto de hecho que habilita la citada excepción incumbe a la Administración, que deberá afrontar los efectos desfavorables de su falta de prueba. Tal carga comporta obviamente la de justificar y motivar las razones por las que considera que la reducción debe excluirse. Fuente: CEF